La migración por México
Por su ubicación geográfica y situación económica, México se ha caracterizado por ser un país de origen, destino, retorno y tránsito de migrantes. Tradicionalmente, la emigración de mexicanos a Estados Unidos ha ocupado la agenda política en México. Sin embargo, en años recientes la situación de los transmigrantes –muchos de Centroamérica– ha suscitado cada vez más interés, debido al incremento de los flujos migratorios y a la visibilización de las crecientes violaciones de los derechos humanos que enfrentan en su camino hacia Estados Unidos. La mayoría de quienes transitan por México emprende su viaje en busca de oportunidades laborales dignas, huyendo de la violencia social o por razones de reunificación familiar.
Siendo personas de escasos recursos y sin autorización para ingresar a México, los migrantes atraviesan el país clandestinamente para finalmente cruzar la frontera norte. Debido a su condición irregular, recurren a medios precarios de transporte y recorren zonas inhóspitas, expuestos a accidentes y abusos por parte de delincuentes y agentes del Estado. Durante mucho tiempo México prestó poca atención a los derechos humanos de los transmigrantes y se enfocó en la contención de flujo migratorio a fin de detectar, detener y deportar a los migrantes indocumentados. Los recientes avances normativos en la materia no han contribuido a reducir la situación de vulnerabilidad de los transmigrantes.
Una mirada al Instituto Nacional de Migración
El Instituto Nacional de Migración (INM), actor clave en la gestión migratoria en México, fue creado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1993. Sustituyó a la Dirección General de Servicios Migratorios (DGSM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), facultada para llevar a cabo las atribuciones contenidas en la Ley General de Población, que regulaba los fenómenos poblacionales, entre ellos la migración. Entre los cambios más importantes que ha sufrido el INM se encuentra su declaración como instancia de seguridad nacional (18 de mayo de 2005), así como el cambio de marco normativo que se dio con la publicación de la Ley de Migración (2011) y su Reglamento (2012).
En la actualidad, el INM tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como la coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal que tienen atribuciones en el tema migratorio. El INM está dirigido por un Comisionado cuyo nombramiento por el Presidente de la República le otorga un poder que –en la práctica– ha dificultado las relaciones con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos (SPMAR) de la SEGOB, encargada de la política migratoria y cuyo titular es también nombrado por el Presidente de la República. En aras de cumplir con sus objetivos, el INM le otorga a sus Delegaciones Federales gran autonomía para su regulación interna, lo cual ha provocado que las Delegaciones manifiesten estilos de gestión distintos y se hayan convertido en una especie de feudos sobre los que el sector central tiene poco control.
¿Crees que El Instituto Nacional de Migración realiza sus funciones como debería?
